En un fallo reciente, la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala III, ratificó la decisión de primera instancia que obliga a OSDE a brindar cobertura integral de asistente domiciliario las 24 horas a una afiliada con discapacidad, identificada como M.I.N. El fallo, dictado el 11 de febrero de 2025, destaca la necesidad de garantizar una cobertura que favorezca la vida autónoma de la persona y evite su institucionalización.
Los Argumentos de OSDE y la Respuesta de la Justicia
OSDE había apelado la medida cautelar, argumentando que no se cumplían los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y que la prestación no estaba contemplada en la normativa vigente. Sin embargo, la Cámara rechazó estos argumentos, señalando que la señora M.I.N. tiene un certificado de discapacidad y, por lo tanto, está amparada por la Ley 24.901, que garantiza la cobertura integral de las prestaciones necesarias.
Asistencia Domiciliaria: Un Derecho Amparado por la Ley
El tribunal recordó que la Ley 26.480 incorporó la asistencia domiciliaria en el artículo 39, inciso d) de la Ley 24.901, con el objetivo de "favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar tiempos de internación". Además, destacó que la falta de reglamentación de este inciso no puede perjudicar a la persona con discapacidad.
Criterios para la Cobertura y Reintegro
Si bien no existe un módulo específico de reintegro para la asistencia domiciliaria, la Cámara determinó que debe tomarse como referencia el valor previsto para el Módulo "Hogar Permanente, Categoría A, con más el 35% de dependencia", fijado por el Ministerio de Salud. Asimismo, confirmó el plazo de 15 días para el reintegro de las facturas.
La Importancia de la Evaluación Médica y el Derecho a la Salud
El fallo también enfatizó que la evaluación médica realizada a la señora M.I.N. justifica la necesidad de asistencia domiciliaria las 24 horas, y que el derecho a la salud es prioritario y está respaldado por leyes nacionales e internacionales.
Implicancias del Fallo
Esta decisión judicial es un importante precedente que refuerza los derechos de las personas con discapacidad a recibir una cobertura integral de salud, incluyendo la asistencia domiciliaria cuando sea necesaria para mejorar su calidad de vida y autonomía. Asimismo, recuerda a las obras sociales la importancia de cumplir con las leyes y garantizar el acceso a las prestaciones que necesitan las personas con discapacidad.